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Ann Mullen, amullen@aclumich.org, 313-400-8562

April 14, 2019

 

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DETROIT, Mich. — Hoy, la ACLU de Michigan, la ACLU nacional y el bufete de abogados Covington & Burling LLP presentaron una demanda colectiva contra el 36º Tribunal de Distrito de Detroit por violar los derechos constitucionales de las personas que se consideran inocentes pero son detenidos a la cárcel porque no pueden pagar una fianza después de su arresto. La demanda busca una revisión de un sistema de [libertad bajo] fianza en efectivo inconstitucional que discrimina a personas pobres, encerrándolos porque no pueden pagar mientras se permite que quienes tienen dinero salgan en libertad.

«La libertad de una persona no debe depender de la cantidad de dinero que tenga» dijo Dan Korobkin, Subdirector Legal de la ACLU de Michigan. «La fianza estaba originalmente destinada a garantizar que una persona regrese a la corte para enfrentar cargos en su contra. Pero, en cambio, el sistema de fianzas monetarias se ha transformado en una encarcelación en masa de los pobres. Castiga a las personas no por lo que han hecho, sino por lo que no tienen».

«Los residentes de Detroit merecen un sistema de justicia que sea inteligente, justo y que funcione para todos» dijo Aaron Lewis, abogado de Covington, que es coautor principal en la demanda. «El sistema de fianzas en efectivo es devastador para las familias, separa a los padres de sus hijos, daña a las comunidades y las empresas, y desperdicia dólares de los contribuyentes manteniendo a las personas encerradas en la cárcel que deberían estar en casa.»

La demanda, presentada en nombre de siete demandantes Negros en el Tribunal de Distrito de EE. UU., describe un sistema legal de dos niveles en el que la libertad de una persona depende de su capacidad para pagar una fianza, una clara violación del debido proceso y la misma protección. La demanda también reclama violaciones del derecho a un abogado porque a las personas pobres acusadas de delitos no se les proporciona abogados que los representen cuando se establece la fianza.
 

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La demanda también señala que las reglas de la corte de Michigan en realidad exigen una investigación significativa sobre la capacidad de una persona arrestada para pagar la fianza, y requieren la libertad previa al juicio sin una fianza en efectivo, excepto en circunstancias extraordinarias como un riesgo de fuga o un peligro real para la comunidad. Además, la Comisión de Defensa de Indigentes de Michigan ahora exige que se designe un abogado para representar a los acusados al ser acusados de cargos. Pero estos requisitos se violan descaradamente en el Tribunal del Distrito 36, donde los juicios donde son acusados de cargos duran solo unos minutos, los acusados aparecen sin consejo [abogado], no se llevan a cabo determinaciones de la capacidad de pago, y el 85% de los acusados mientras están bajo arresto deben pagar Fianza en efectivo para ser puestos en libertad.

El 36to Tribunal de Distrito de Detroit es el tribunal de distrito más grande de Michigan y uno de los más ocupados de los Estados Unidos. Nombrados como acusados en la demanda son su juez principal, quien tiene la responsabilidad general de su operación, y los cinco magistrados que regularmente fijan una fianza en los juicios. El Sheriff del condado de Wayne también fue nombrado en la demanda porque su oficina tiene responsabilidad administrativa sobre las cárceles donde están detenidas las personas que no pueden pagar la fianza. El caso es una demanda colectiva y le pide a un tribunal federal que ordene reformas sistémicas al sistema de fianzas preventivas de Detroit.

Antes de presentar la demanda, la ACLU observó cientos de procedimientos judiciales, que se describen a continuación:

  • La gran mayoría de los juicios de libertad bajo fianza donde son acusados se realizan a través de una videoconferencia entre una sala de audiencias del Distrito 36 y el Centro de Detención de Detroit (DDC, por sus siglas en inglés) donde inicialmente se retiene a las personas arrestadas;
  • Los guardias del DDC instruyen a los arrestados fuera de cámara que el único propósito del juicio de instrucción de cargos es declararse «no culpable», solo deben responder «sí» o «no» a las preguntas del juez, y no deben intentar explicar su situación a el juez;
  • El juicio de instrucción de cargos típicamente dura solo de 2 a 4 minutos, y la fase de establecimiento de fianza dura menos de un minuto;
  • Los magistrados comienzan leyendo los cargos y derechos de la persona de manera rápida y luego preguntan si la persona entiende los cargos y sus derechos. Si la persona no comprende los cargos, el magistrado a menudo recita los cargos o los derechos nuevamente utilizando la misma palabrería, pero habla un poco más lento y en un tono más exasperado, más exagerado;
  • Al establecer la fianza, los magistrados no hacen ninguna investigación sobre la capacidad de pago de la persona;
  • En el 85% de los casos, la persona arrestada estaba obligada a pagar una fianza en efectivo para ser liberada;
  • After setting bail, magistrates instruct the person to step away from the camera. If the person complains that they cannot afford it or attempts to ask questions, they may be “shushed” by guards; and
  • Después de establecer la fianza, los magistrados ordenan a la persona que se aleje de la cámara. Si la persona se queja de que no pueden pagarla o intenta hacer preguntas, los guardias pueden «callarla»; y
  • En el 95% de los casos, la persona arrestada no tiene abogado. Pero, irónicamente, los magistrados sí consideran la capacidad de pagar a las personas que pueden pagar una representación legal, como fue el caso el 1 de marzo de 2019, cuando el Magistrado Principal Wood le dijo a una persona arrestada que el tener un abogado presente era un factor para bajar su fianza como el arrestado estaba «tomando este caso en serio porque ha contratado un abogado».

Las investigaciones están claras: cada día en la cárcel, la posibilidad de un juicio justo disminuye, ya que es más difícil montar una defensa cuando está de tras de las rejas. La detención previa a un juicio es el predictor más importante de una condena y una sentencia a cárcel o prisión. También es más probable que la persona se declare culpable incluso cuando sea inocente solo para irse a casa. Además, solo tres días tras las rejas pone a una persona en riesgo de perder su trabajo, el hogar y la custodia de sus hijos.

 HISTORIAS DE UN SISTEMA ROTO DE LIBERTAD BAJO FIANZA 

Para muchas personas, pagar una fianza simplemente no es posible. En el 2017, el número de personas en Detroit que vivían por debajo de la línea de la pobreza era del 34 por ciento, con un ingreso familiar promedio de alrededor de $ 30,000, menos de la mitad del ingreso familiar promedio en todo el país. La reserva federal informó recientemente que el 40 por ciento de los adultos en los EE. UU. no les alcanza para pagar un gasto de urgencias de $400.

El sistema de fianzas también es muy costoso para los contribuyentes. Las cárceles del condado de Wayne albergan colectivamente a más de 1600 personas cada noche. Alrededor del 62% están allí como detenidos en prisión preventiva, generalmente porque no pueden pagar una fianza. Cuesta aproximadamente $ 165 por noche para detener a una persona en las cárceles del condado de Wayne, por lo que los detenidos antes del juicio les cuestan a los contribuyentes aproximadamente $ 164,000 al día o aproximadamente $ 59 millones al año. Alrededor de la mitad de la población de detenidos en prisión preventiva en el condado de Wayne se lleva a cabo bajo cargos exclusivamente originados en el Tribunal de Distrito 36.

El uso de la fianza también tiene un impacto muy diferente en personas de color, incluyendo los afroamericanos, que tienen más probabilidades de ser encarcelados porque no pueden pagar la fianza.

«El sistema de libertad bajo fianza de la Corte 36 del Distrito está causando consecuencias devastadoras en una ciudad donde la población es casi 80 por ciento afroamericana» dijo Twyla Carter, abogada principal del Proyecto de Reforma de la Ley Criminal de la ACLU. «Además de ser inconstitucional, esto empobrece aún más a las personas que ya enfrentan desafíos extraordinarios y soportan graves inconsistencias raciales en nuestro sistema legal penal. Es por eso que estamos desafiando sistemas de fianzas como este por todo el país. Están condenando a personas que son presuntas inocentes pero que no pueden pagar por su libertad. «Continuaremos retando los sistemas de libertad bajo fianza donde los fiscales, jueces y policía dependen de un sistema de libertad bajo fianza injusto e ineficaz».

Lea lo que se presento en la corte AQUÍ.

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