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DETROIT, Mich. - Hoy, una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda colectiva en un tribunal federal para hacer que el agua sea económica y poner fin permanentemente a los cierres de agua a los residentes de Detroit. Las tarifas de agua de la ciudad se encuentran entre las más altas de la nación. En combinación con una alta tasa de pobreza, especialmente entre los habitantes de Detroit negros, muchas familias no pueden pagar sus facturas de agua, lo que los expone al riesgo de perder el servicio debido a la falta de pago. Algunas familias viven durante años sin servicio de agua, mientras que otras están atrapadas en un ciclo de inseguridad con repetidas desconexiones y reconexiones.
Una política que existe de mucho tiempo de cierre de agua expone a miles de residentes negros de Detroit a enfermedades y discriminación racial que deja a los hogares afectados indefensos contra la infección, especialmente durante una pandemia. Durante años, los residentes de Detroit, los expertos en salud y los defensores han estado pidiendo a los funcionarios de la ciudad, legisladores estatales y gobernadores que desarrollen un plan o aprueben legislación para hacer el agua mas alcanzable. Estos planes no se han materializado y el liderazgo legislativo ha impedido la aprobación de los proyectos de ley.
Además, la orden ejecutiva de la gobernadora firmada ayer para ampliar la moratoria sobre los cierres de agua algún día terminará, y no hay ningún plan para garantizar que los residentes de Detroit tengan acceso al agua una vez que termine, a pesar de todas las pruebas de que el agua es una fuente esencial de cuidado de salud preventiva en todo momento. Y si bien la orden proporciona alivio para las facturas en exceso y las facturas vencidas para algunos clientes, no aborda las altas tarifas de agua que hacen que los residentes se retrasen en sus facturas de agua. De hecho, la orden deja en claro que no libera a los clientes de la obligación de pagar sus facturas de agua ni evita que los municipios cobren a los clientes por el agua durante la pandemia. Además, el alcalde de Detroit, Michael Duggan, ha declarado que los cortes del servicio de agua se reanudarán como método de recolección contra las familias que no pueden pagar cuando la amenaza inmediata de la pandemia haya terminado.
«Durante 15 años, nuestra coalición de derechos civiles ha estado luchando en todos los niveles del gobierno para poner fin de forma permanente a los cierres de agua, una política que perjudica la salud y el bienestar de los empobrecidos negros de Detroit» dijo Mark Fancher, abogado de la ACLU of Michigan Racial Justice Project. «Si bien la moratoria temporal de la Gobernadora sobre los cierres de agua durante la pandemia es un paso adelante, la moratoria expirará y los habitantes de Detroit volverán a quedarse sin soluciones y con enormes facturas que no pueden permitirse, obligando a los residentes a volver al ciclo de los cierres de agua. Es hora de cerrar el montón de prácticas profundamente perturbadoras que contribuyen al racismo estructural que nuestra nación finalmente está tratando de desmantelar».
La demanda describe las condiciones desoladas que los residentes de Detroit han experimentado debido a la política de cierre del agua. Algunos de los demandantes que presentaron la demanda incluyen:
La política de cierre de agua de Detroit viola los derechos civiles de miles de residentes de la ciudad al obligarlos a vivir sin un servicio esencial para su salud. Los cortes de agua afectan desproporcionadamente a los negros de Detroit en violación de la Ley de Equidad de Vivienda y la Ley de Derechos Civiles de Elliott-Larsen, alega la demanda, y representan una grave amenaza para la salud pública al imposibilitar el lavado de manos y otras prácticas de limpieza. La demanda busca terminar permanentemente la política de cierre de agua y solicita una orden judicial que evite inmediatamente que se reanuden los cierres.
«Las personas no pueden vivir sin agua, las familias no pueden funcionar sin ella y las comunidades no pueden estar seguras si no tienen agua antes, durante y cuando termine la pandemia» dijo Alice B. Jennings, socia fundadora de Edwards & Jennings. «Cada líder en Michigan tiene la responsabilidad moral de asegurarse de que las familias tengan acceso al agua. Se han implementado soluciones en otras ciudades de todo el país, y las familias de Detroit también merecen una solución. Les sugerimos a los funcionarios estatales y municipales a que se reúnan de inmediato para crear un plan de asequibilidad del agua. Es lo más justo y humano que hacer.»
La misma población más afectada por la pandemia COVID-19 se ve desproporcionadamente afectada por la política de cierre de agua de la ciudad. Desde enero de 2017 hasta julio de 2018, el 95% de los cierres de agua ocurrieron en secciones del censo con una población mayoritariamente negra, y solo el 5% ocurrió en áreas que tenían una población que era menos del 50% negra. Los distritos del censo de Detroit con una población negra menor al 50% tenían, en promedio, 64% menos cierres por cada 1,000 personas que los distritos con una población mayoritariamente negra. Estas disparidades son estadísticamente significativas y persisten incluso cuando se controlan las diferencias en los ingresos y el número de viviendas desocupadas en Detroit. Estas disparidades también persisten cuando se comparan tratados de mayoría negra con tratados de mayoría blanca. Los datos de cierre de agua revisados para el período entre enero de 2019 y enero de 2020 tuvieron el mismo nivel de disparidades.
«Las personas no deberían ser castigadas por ser pobres y negras» dijo Coty Montag, asesor principal del Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACP, Inc. «Si los funcionarios estatales y municipales se toman en serio el fin del racismo estructural, como dicen ser, puede comenzar poniendo fin a la política de cierre de agua de Detroit hoy e instituyendo un plan efectivo de asequibilidad del agua. Este caso reafirma el compromiso de LDF de combatir la discriminación en las prácticas municipales del agua.»
La coalición de derechos civiles está pidiendo a Detroit que adopte un plan de asequibilidad del agua, similar a los planes adoptados mucho antes de la actual pandemia de las ciudades de Baltimore y Filadelfia que se implementaron para proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos.
«El agua es una necesidad médica y de salud pública» dijo la Dra. Mona Hanna-Attisha, pediatra del Centro Médico Hurley. «Privar a la gente del agua es anti-prevención, anti-ciencia y anti-sentido común. Si la crisis del agua de Flint nos enseñó algo, es la necesidad de centrarnos en la prevención y no esperar hasta que podamos demostrar el daño.»
Otros abogados en el caso incluyen a Lorray Brown del Programa de Ley de Pobreza de Michigan, Monique Lin-Luse y Jason Bailey del Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACP, Inc., Dan Korobkin y Bonsitu Kitaba- Gaviglio de la ACLU de Michigan y abogados de Detroit. Melissa El Johnson y Kurt Thornbladh.
Este comunicado y presentaciones judiciales están abajo.
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