DETROIT – La ACLU de Michigan (ACLU) aplaude las tres decisiones de una jueza federal que ordenan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) liberar de inmediato a 10 inmigrantes detenidos ilegalmente sin el debido proceso, o bien concederles una audiencia de fianza ante un juez de inmigración en un plazo de siete días para solicitar su liberación. Las decisiones, emitidas el viernes por la noche, incluyen a José Contreras-Cervantes, cliente de la ACLU y residente de Michigan desde hace mucho tiempo con leucemia, con tres hijos ciudadanos estadounidenses, quien se encuentra detenido desde principios de agosto. También se incluyeron en las órdenes de la juez del 17 de octubre otros siete clientes de la ACLU y dos personas representadas por abogados de inmigración privados.
El tema en cuestión es una reciente directiva de la administración Trump que niega inconstitucionalmente a extranjeros que de otro modo serían elegibles su derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de ser liberados de la detención mientras se tramitan sus casos de inmigración.
Al igual que los demás afectados por este fallo, el Sr. Contreras-Cervantes, cuyo tratamiento para la leucemia se vio gravemente interrumpido durante su detención, ahora tendrá la oportunidad de regresar a casa con su esposa, ciudadana estadounidense, y sus tres hijos. La familia celebró recientemente tres cumpleaños —el del Sr. Contreras-Cervantes, el de su esposa y el de uno de sus hijos— sin él, convirtiendo lo que deberían haber sido celebraciones alegres en dolorosos recordatorios de su separación.
En su presentación ante el tribunal, la ACLU afirmó que al Sr. Contreras-Cervantes y a nuestros demás clientes se les estaba negando ilegalmente su derecho a una audiencia de fianza debido a una nueva directiva emitida por la administración Trump en julio. A pesar de la existencia de una ley que contempla audiencias de fianza en tribunales de inmigración, la directiva pretende revertir décadas de políticas y prácticas gubernamentales. Si no se reta, la implementación de dicha directiva amenaza con someter a millones de extranjeros en todo el país a detención migratoria obligatoria sin acceso a revisión judicial.
En sus fallos, la jueza federal de distrito Brandy R. McMillion coincidió con nuestra postura de que personas como el Sr. Contreras-Cervantes, quienes han vivido durante mucho tiempo en Estados Unidos, tienen derecho a ser liberadas de la detención migratoria mientras tramitan sus casos de inmigración; y que la nueva directiva del gobierno no solo viola la ley de inmigración, sino que es inconstitucional.
En agosto, el tribunal ordenó que otro extranjero representado por la ACLU, Juan Manuel Lopez-Campos —residente de Detroit desde hace mucho tiempo y padre de cinco hijos ciudadanos estadounidenses—, fuera liberado de inmediato o se le otorgara una audiencia de fianza para explicar ante un juez de inmigración por qué tiene derecho a ser liberado de la detención mientras se tramita su caso. El gobierno respondió liberando al Sr. López-Campos unos días después.
Este fallo, junto con las decisiones de la jueza McMillion en los tres nuevos casos y otra decisión similar en el Distrito Este de Michigan por el juez Robert White, reflejan las decisiones que están emitiendo jueces federales de todo el país. En docenas de casos, los extranjeros han obtenido el derecho a comparecer ante un juez de inmigración para solicitar su liberación.
En su decisión, la jueza McMillion señaló que la Ley de Inmigración y Nacionalidad reconoce que el interés más fundamental de la libertad es estar libre de restricciones y detenciones físicas. Durante siglos, el Gobierno ha actuado de conformidad con estos principios. El reciente cambio hacia el uso del marco de detención obligatoria… no solo es erróneo, sino también fundamentalmente injusto. En una nación donde las leyes son revisadas e implementadas por el Congreso, no podemos elegir arbitrariamente qué leyes queremos seguir cuando mejor nos convengan.
Miriam Aukerman, abogada de la ACLU de Michigan, declaró lo siguiente sobre el fallo:
“En Michigan y en todo el país, un tribunal tras otro dictamina que las acciones del gobierno de Trump son ilegales. Esta decisión es la más reciente de docenas de casos en los que jueces federales han dictaminado que ICE no puede retener a personas sin audiencias de fianza. Sin embargo, ICE no se ha detenido. Sigue encarcelando a personas sin el debido proceso, sin importar si llevan décadas viviendo aquí, si tienen familias e hijos que los necesitan, y sin importar cuán arraigados estén en su comunidad. Si ICE no se detiene, nosotros tampoco. Lo que ha pasado la familia de José es insoportable. Pero también es algo común. Este gobierno está separando familias y encarcelando a personas sin motivo todos los días. No vamos a permitir que eso suceda. Ni a la familia de José. Ni a los cientos y cientos de otras familias que enfrentan la separación bajo esta nueva directiva.”
Lupita Contreras-Cervantes, esposa de José Contreras-Cervantes, dijo lo siguiente sobre el fallo:
Este fallo nos brinda un alivio increíble a mí y a mi familia. El estrés generado por las amenazas a la salud de José debido a la interrupción de su tratamiento para una forma rara y potencialmente mortal de leucemia ha sido constante. Lo peor de todo es ver a mis hijos sufrir con la angustia y la ansiedad de estar separados del padre que tanto aman. Incluso tuvimos que celebrar el cumpleaños de José sin él, junto con el de mi hijo y el mío el fin de semana pasado; momentos que deberían haber sido alegres, pero que en cambio nos recordaron cuánto hemos perdido durante su detención. Estamos deseando volver a tenerlo en nuestros brazos. Estamos inmensamente agradecidos con la jueza cuyo fallo nos devolvió la esperanza; esperanza no solo para mi esposo y nuestra familia, sino para todos los demás inmigrantes detenidos ilegalmente y separados de sus familias.
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