La ACLU aplaude la decisión del tribunal de apelaciones de EEUU que ratifica el derecho de los inmigrantes detenidos a audiencias de fianza

La ACLU de Michigan (ACLU) celebra la decisión dictada hoy por un tribunal federal de apelaciones, la cual dictamina que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU (ICE) está deteniendo ilegalmente a inmigrantes sin acceso a audiencias de fianza. Se espera que esta decisión afecte a miles de personas en Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky que se encuentran detenidas ilegalmente por el ICE.

El Tribunal rechazó el argumento del gobierno de que debía «someter a los residentes de larga plazo de los Estados Unidos que cumplen con la ley —tales como los Peticionarios— al sufrimiento de detención obligatoria sin el debido proceso». El Tribunal determinó que dicha detención es contraria a la Constitución, a la legislación migratoria y a «casi tres décadas de práctica [gubernamental]» de conceder audiencias de fianza.

Emitida por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito, la decisión de 2 a 1 en el caso *Lopez-Campos v. Raycraft* refleja los argumentos presentados por la ACLU y otras partes en cuatro casos consolidados, centrados en una directiva de la administración Trump que niega a los no ciudadanos detenidos su derecho a audiencias de fianza —las cuales brindan la oportunidad de obtener la libertad—; todo ello en violación del estatuto federal de inmigración y de la Constitución.

La directiva de la administración revierte una práctica de décadas de otorgar a los no ciudadanos que residían en Estados Unidos al ser detenidos por el ICE el derecho de comparecer ante un juez de tribunales de inmigración y solicitar regresar a sus hogares mientras su caso avanza (lo cual puede tomar meses o incluso años).

La decisión del tribunal de apelaciones ratifica cuatro fallos distintos dictados el año pasado por jueces federales de distrito en Michigan, quienes dictaminaron que a residentes de larga plazo de los Estados Unidos —muchos de los cuales tienen familiares ciudadanos estadounidenses y algunos de los cuales han vivido aquí desde la infancia— se les estaba negando, de manera ilegal e inconstitucional, el acceso a audiencias de fianza. Cientos de jueces federales han emitido fallos similares en miles de casos en todo el país.

Tal como concluye la decisión: «Los peticionarios son más que simples nombres en un escrito judicial... Los peticionarios han vivido en los Estados Unidos durante años o décadas... Todos parecen contribuir a sus vecindarios y comunidades locales. Muchos son el principal sostén económico o los cuidadores esenciales de sus familias, las cuales incluyen a sus hijos, nacidos aquí y ciudadanos de los Estados Unidos».

Miriam Aukerman, directora de litigios estratégicos de la ACLU de Michigan, declaró lo siguiente sobre el fallo: «Estamos sumamente complacidos de que nuestros clientes puedan permanecer en sus hogares junto a sus familias, que es donde pertenecen. El objetivo de la cruel política de detención de la administración Trump es encerrar a las personas, quebrantar su espíritu y llevarlas a tal estado de desesperación que accedan a abandonar a sus seres queridos. La crueldad de esta política no es accidental; la crueldad es, precisamente, su propósito. Nos sentimos alentados por la decisión del tribunal, la cual pone fin a este sufrimiento innecesario y obliga a la administración a acatar la ley».

My Khanh Ngo, abogada sénior del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU —quien presentó los argumentos en la apelación—, declaró lo siguiente sobre el fallo: «Los tribunales han rechazado una vez más, y con acierto, la inhumana política de detención obligatoria de la administración Trump, al concluir que su reinterpretación de las leyes de detención de nuestro país es ilegal. Estamos sumamente complacidos por nuestros clientes y sus familias».

Ramis Wadood, abogado de la ACLU de Michigan, declaró lo siguiente sobre el fallo: «La decisión de hoy es una buena noticia, no solo para los inmigrantes y sus familias, sino para todos aquellos que creen en el Estado de derecho y en la Constitución. Con la libertad frente a la detención en juego para millones de personas —potencialmente—, esta decisión nos ayuda a retomar el enfoque que estuvo vigente durante décadas: la oportunidad para que los inmigrantes luchen por su derecho a permanecer en este país, en sus hogares, donde puedan cuidar de sus familias y contribuir a sus comunidades».