DETROIT – La ACLU de Michigan presentó esta semana una demanda federal exigiendo que Juan Manuel López-Campos, residente de Detroit desde hace mucho tiempo y padre de cinco ciudadanos estadounidenses, reciba una audiencia de fianza para que pueda explicar ante un tribunal por qué tiene derecho a ser liberado de su detención migratoria. El Sr. López-Campos ha vivido en Estados Unidos durante 26 años, tiene amplios vínculos con su comunidad e iglesia, y no tiene antecedentes penales. Sin embargo, bajo la administración Trump, ha sido arrestado, detenido y se le ha negado ilegalmente la libertad bajo fianza mientras se tramita su caso de inmigración. El Sr. López-Campos ha estado detenido desde el 25 de junio, cuando fue detenido por una presunta infracción de tránsito.
La petición, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, afirma que al Sr. López-Campos, originario de México, se le niega ilegalmente su derecho a una audiencia de fianza en relación con una política emitida por la administración Trump el 8 de julio. La Constitución de los Estados Unidos y las leyes de inmigración ofrecen a personas en la situación del Sr. López-Campos —quienes han vivido en el país durante años y décadas— la oportunidad de comparecer ante un juez y explicar por qué deberían estar en libertad bajo fianza mientras su caso de inmigración se tramita en el sistema judicial, un proceso que podría durar meses o años. El resultado es que el Sr. López-Campos –y miles de personas como él con fuertes vínculos con sus familias y las comunidades a las que contribuyen– siguen encarcelados injustamente.
Este cambio revoca décadas de políticas y prácticas gubernamentales.
La demanda nombra como demandados al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), a la secretaria del DHS, Kristi Noem, a la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia y a Kevin Raycraft, director interino de la Oficina Local de Detroit del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda busca principalmente una orden judicial que ordene la liberación inmediata del Sr. López-Campos o, alternativamente, que se le conceda una audiencia de fianza en un plazo de 7 días.
Ramis J. Wadood, abogado de la ACLU de Michigan, dijo lo siguiente sobre el caso:
“Lo que le está sucediendo al Sr. López-Campos, y a inmigrantes como él, es claramente ilegal y contradice décadas de prácticas gubernamentales anteriores. Además, es indudablemente cruel, no solo para él, sino también para sus seres queridos y su comunidad. En lugar de poder seguir manteniendo a su familia y contribuyendo a su comunidad local, lo que ha hecho durante 26 años, el gobierno intenta encerrarlo durante meses, o incluso años, dependiendo del resultado de su caso de inmigración. Además de todas las demás dificultades financieras y emocionales que genera su detención ilegal, también es un tiempo que se les quita a él y a su familia y que jamás podrá ser recuperado. La justicia y la decencia humana exigen que el gobierno pare ya.”
Shahad Atiya, abogada de inmigración del Sr. López-Campos y colaboradora de la ACLU, declaró lo siguiente sobre el caso:
"El DHS se está extralimitando en su autoridad legal. Es nuestra responsabilidad, como defensores de los derechos humanos, exigirle responsabilidades. Debemos trabajar juntos para defender la Constitución y que el Sr. López-Campos regrese a casa con su familia".
Lea la petición aquí.
Vea la declaración en video de Ramis Wadood aquí.