DETROIT – La ACLU de Michigan está decepcionada por la aprobación esta semana de una legislación defectuosa por parte del Senado de Michigan, la cual no se basa en pruebas y no responde a aspectos clave de un fallo judicial que declara inconstitucionales partes de la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales (SORA por sus siglas en ingles) de Michigan. La legislación se aprobó nueve meses después de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este dictaminara una vez más —como lo han hecho repetidamente tribunales federales y estatales— que algunos aspectos de la SORA son inconstitucionales. El Senado aprobó la legislación rápidamente, tan solo días después de su presentación, sin la oportunidad de recibir la opinión de las principales partes interesadas.
La siguiente declaración proviene de Miriam Aukerman, abogada principal de la ACLU de Michigan:
“Los legisladores han tenido nueve meses para arreglar el registro, que está deteriorado y sobrecargado. Pero en lugar de colaborar con grupos de sobrevivientes, jueces, expertos en derecho penal, las fuerzas policiales y otras partes interesadas cruciales para corregirlo, la legislatura se apresura repentinamente a aprobar una ley defectuosa que no resiste el examen constitucional, no se basa en evidencia científica y podría resultar en más litigios, lo que nuevamente costaría millones de dólares a los contribuyentes. Este proyecto de ley está plagado de errores. La legislación no debe redactarse en secreto a puerta cerrada. Hemos dejado claro que estamos dispuestos a trabajar con el estado, incluyendo la solicitud de una extensión de los plazos judiciales, para que podamos arreglar este registro defectuoso y perjudicial. Los habitantes de Michigan y sus familias merecen algo mejor. Merecen un sistema que priorice la seguridad pública y la prevención, no un enfoque fallido y contraproducente que nos hace a todos menos seguros porque sabotea la capacidad de las personas con antecedentes penales para encontrar vivienda, empleo y apoyo familiar, lo cual son clave para una reinserción exitosa”.
Además de los abogados de la ACLU, los demandantes están representados por el profesor de derecho jubilado de la Universidad de Michigan, Paul Reingold, y el bufete de abogados Loevy & Loevy.
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