La ACLU y MIRC hacen un llamado al Congreso a exigir una investigación independiente sobre el Centro de Detención North Lake del ICE, tras informes de una huelga de hambre y condiciones médicas peligrosamente inadecuadas

La ACLU de Michigan (ACLU) y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) hacen un llamado al Congreso a exigir una investigación independiente sobre el Centro de Procesamiento North Lake del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE), donde las personas allí recluidas iniciaron una huelga de hambre el lunes. Según se informa, la huelga de hambre es una protesta contra las condiciones deficientes, incluyendo la falta de atención médica, así como contra la detención prolongada. La ACLU y MIRC también han estado en contacto con numerosas personas detenidas en North Lake, quienes describieron condiciones inhumanas similares.

En los 10 meses transcurridos desde que North Lake abrió sus puertas como centro de detención del ICE, las personas allí recluidas han informado a la ACLU y al MIRC que se les ha negado atención médica, tanto urgente como rutinaria. Esto incluye retrasos y negaciones de atención que ponen en peligro la vida, falta de seguimiento médico tras una hospitalización, y la negativa a suministrar medicamentos recetados o la exigencia de un pago para poder recibir los fármacos necesarios. Algunos han descrito haber presenciado a personas en estado de grave angustia médica o que se desplomaban, teniendo que suplicar al personal —a veces durante horas— que les brindara atención médica. El pasado diciembre, Nenko Stanev Gantchev, de 56 años, falleció mientras se encontraba detenido en North Lake; según algunos informes, su muerte se debió a la incapacidad del ICE para tratar adecuadamente su diabetes. Asimismo, las personas han reportado haber recibido alimentos en mal estado o en cantidades insuficientes.

«Todo esto está impulsado por la cruel y xenófoba agenda de deportaciones masivas de la administración Trump, que consiste en detener y almacenar a miembros de largo tiempo de nuestras comunidades, obligándolos a soportar una detención indefinida en condiciones inhumanas o, por desesperación, a tomar la devastadora decisión de dejar atrás a sus familias y comunidades», declaró Loren Khogali, directora ejecutiva de la ACLU de Michigan. “Nos opusimos a la reapertura de North Lake precisamente porque temíamos que ocurriera lo que está sucediendo ahora. Las condiciones y prácticas de North Lake incumplen peligrosamente tanto los mandatos constitucionales como las normas federales, y exigimos una investigación independiente inmediata.”

North Lake es propiedad de GEO Group y es operado por esta empresa, una compañía privada de prisiones que ha sido demandada reiteradamente a raíz de informes sobre negligencia y abusos contra las personas que mantiene detenidas. Cuando GEO operaba anteriormente North Lake como prisión, se registraron seis huelgas de hambre por parte de los reclusos, motivadas por condiciones que incluían una atención médica inadecuada y una alimentación insuficiente.

La ACLU y MIRC piden al Congreso a ejercer sus facultades de supervisión y asignación de fondos mediante las siguientes acciones:

• Exigir que expertos en atención médica realicen una auditoría médica independiente de North Lake —así como de otros centros de detención igualmente peligrosos en todo el país— como condición para la asignación de cualquier fondo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE). Dicha auditoría debe incluir entrevistas confidenciales con personas detenidas, así como acceso a sus expedientes médicos.

• Realizar una visita de supervisión al centro de detención de North Lake a la mayor brevedad posible y conversar con personas detenidas —especialmente con aquellas que participan en huelgas de hambre— para garantizar que no se produzcan represalias tales como la alimentación forzada, el aislamiento o el traslado a otras instalaciones. Las visitas congresuales realizadas en el pasado han resultado fundamentales para sacar a la luz las condiciones imperantes en estos centros.

• Enviar una solicitud formal de información al ICE sobre las condiciones en North Lake y exigir una respuesta que incluya un plan de acción destinado a mejorar dichas condiciones en un plazo razonable.

Los huelguistas de hambre en North Lake no solo protestan por las condiciones inhumanas, sino también por el hecho de que hay personas —muchas de las cuales han vivido aquí durante décadas y tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses— que permanecen detenidas durante meses sin que se tome en consideración ninguna de sus circunstancias individuales. La inmensa mayoría de las personas arrestadas por ICE en Michigan no tienen antecedentes penales. Además, jueces federales tanto en Michigan como en el resto del país están determinando que las personas bajo detención migratoria son, de manera rutinaria, retenidas ilegalmente y sin derecho a fianza. Si finalmente logran obtener una audiencia, los jueces de inmigración les niegan la fianza a un ritmo sin precedentes. El resultado es la detención continuada de personas que, de otro modo, estarían en sus hogares junto a sus seres queridos y en el seno de sus comunidades. Si bien se desconoce la razón detrás de esta repentina y elevada tasa de negaciones de fianza, los jueces de inmigración que la actual administración considera insuficientemente severos con los inmigrantes están siendo destituidos a un ritmo alarmante.

«Este repentino e inexplicable aumento en las tasas de negación de fianzas plantea preguntas sobre si los no ciudadanos están recibiendo audiencias justas», dijo Miriam Aukerman, directora de Litigios Estratégicos de la ACLU. «También resulta sumamente alarmante que se esté despidiendo a jueces de inmigración, al parecer por no ajustarse a la inhumana agenda de deportaciones masivas de la administración Trump. Tememos que estos jueces —quienes se encuentran bajo el control del poder ejecutivo— se vean ahora obligados a elegir entre cumplir con su deber de revisar las pruebas y acatar la ley, o enfrentarse al despido».

Susan Reed, directora del MIRC, declaró: «La detención de inmigrantes en Michigan se ha multiplicado por siete en el último año. Se ha detenido a personas durante las propias audiencias, cuando el único propósito legal de la detención es garantizar que las personas comparezcan ante el tribunal. Las personas detenidas que buscan asistencia legal comparten sus historias con nosotros a diario, y nos preocupa gravemente la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran bajo custodia del gobierno. Recomendamos que se tomen medidas inmediatas para mejorar las condiciones y poner en libertad a las muchas personas que permanecen detenidas de manera innecesaria».